Tráfico adjudicó una plaza en base a un certificado que contenía falsedades

CSIF logra que el juzgado anule la adjudicación y que comience de nuevo el proceso de baremación de aspirantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado que, a través de sentencia judicial, se anule la adjudicación de una plaza en la Jefatura Provincial de Tráfico, tras descubrirse que la baremación del aspirante seleccionado se basaba en un certificado que contenía falsedades manifiestas.

La plaza (de investigador de seguridad vial), cuya convocatoria el año pasado despertó un interés considerable por ser un puesto codiciado dentro de la Jefatura Provincial, fue finalmente adjudicada a un funcionario de la mencionada Jefatura, con vínculos familiares y de amistad con varios cargos del organismo. Sin ir más lejos, el adjudicatario de la plaza es el hermano de la actual jefa en funciones del organismo en la provincia de Cádiz.

Lo sorprendente del caso, es que para poder hacerse con la plaza, se le valoró con el máximo de puntos un mérito basado en un certificado expedido por el ex Jefe Provincial de Tráfico, hoy jubilado, donde se recogía que dicho aspirante llevaba siete años ejerciendo las funciones relativas a otro puesto diferente al que realmente desempeñaba. Ante este auténtico escándalo, CSIF denunció la presunta falsedad en la Comisión de Valoración del Concurso, ante lo cual se emitieron nuevas certificaciones contradictorias con lo anterior, manteniéndose por parte de la Administración la máxima valoración posible por este mérito en todo momento.

Posteriormente el sindicato interpuso denuncia por presunto delito de falsedad en documento público ante los juzgados de Cádiz, y que fue en un primer momento archivada sin llevar a cabo ninguna de las diligencias solicitadas, así como demanda contencioso-administrativa de la cual deriva la sentencia que ahora se ha dictaminado.

Para CSIF, esta es una sentencia de gran importancia, puesto que viene a poner coto a una práctica común en la Administración: la adjudicación arbitraria de plazas en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública, en donde, por desgracia, en muchas ocasiones la plaza no es para quien la merece, con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sino para quien más y mejores contactos tiene.

Según CSIF, esta sentencia ha de servir de aviso a navegantes, pues concretamente demuestra de forma contundente que la Administración no puede actuar de forma arbitraria, sino que está sujeta a unos requisitos tanto de forma como de fondo muy exigentes para garantizar los principios y derechos constitucionales y el respeto a la legalidad, aunque estemos acostumbrados a presenciar todo tipo de artimañas en los concursos de méritos.

Muchos empleados se sienten impotentes y desmotivados ante este tipo de prácticas, y acaban resignándose a no luchar, conscientes de que pleitear contra la Administración exige una inversión importante, y que además supone un alto coste emocional para los perjudicados.