PODEMOS Sanlúcar y El Grupo Municipal "Sí se puede" informan sobre los resultados del Pleno Extraordinario del 10 de noviembre en el cual se trataron las ordenanzas fiscales del 2016.
El Grupo Municipal “Sí se puede”, siempre ha manifestado y demostrado que su única aspiración y compromiso es traer a este ayuntamiento el sentido común de la calle, que prioriza las prácticas honestas de las personas para ayudar a su pueblo, por encima de los intereses meramente partidistas de cualquier organización política.
En el pleno celebrado en el presente mes se ha trabajado las ordenanzas fiscales del próximo año, y los logros conseguidos por nuestro grupo municipal han sido muchos, aunque sabemos que insuficientes. La aprobación del artículo 135, la ley de bases de régimen local, el plan de ajustes y el Real Decreto 8/2013, todas ellas leyes creadas con el fin de, lo que entendemos vulgarmente como, “Blanquear facturas” de los dos partidos que han gobernado alternativamente en todas las entidades públicas de este país y a crear otro eslabón en el proyecto del Partido Popular de construir la “Dictadura perfecta” para acabar con los derechos sociales y laborales o la libertad de expresión y manifestación. No sabemos qué pagamos, pero hay que pagarlo. Todo ello aliñado con la falta de transparencia de las entidades públicas que sostenemos entre todos y todas, entre ellas este Ayuntamiento.
Estas leyes nos dejan poco margen para trabajar y sobre todo para cambiar lo que nos gustaría, pero si estamos en las instituciones es para buscar los resquicios de esas leyes y normativas tan opresivas que nos permitan buscar mejoras para la gente de nuestro pueblo. No cesaremos en la lucha contra todas esas leyes que nos oprimen pero lo haremos en las calles, manifestaciones, concentraciones y delante de las puertas de nuestras vecinas y vecinos cuando intenten desahuciarlos de sus casas.
Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro grupo municipal propuso a pleno y se aprobaron las siguientes modificaciones a las ordenanzas fiscales 2016:
• Con respecto a la ordenanza nº 473 reguladora de la actividad económica de interés municipal se ha logrado disminuir el tiempo en los trámites burocráticos, quedando redactada en las ordenanzas fiscales de la siguiente manera: “las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, tendrán un periodo de vigencia de dos años, y surtirán efecto desde la calificación provisional, ratificada posteriormente como definitiva”.
• Ordenanza fiscal nº 151 tasa por recogida, traslado y tratamiento de residuo, propusimos la siguiente modificación: la tasa de basura descenderá en un 75% en aquellas unidades familiares que cumplan los siguientes requisitos: “los ingresos familiares divididos por el número total de miembros de la unidad familiar, que por todo concepto perciban una cantidad total inferior al salario mínimo interprofesional y que no posean bienes rústicos ni urbanos excluida su vivienda habitual”. Esta propuesta no fue aceptada por los técnicos acogiéndose al real decreto 8/2013 y por consiguiente propusieron la siguiente modificación aplicando el 1,2% del IPREM para el computo total de los ingresos familiares.
• Ordenanza fiscal 301, reguladora de impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI/contribución). Se amplia el periodo establecido para la presentación de solicitudes dirigidas a la bonificación para el pago de este impuesto de familias numerosas.
• Ordenanza fiscal 304, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICO), tras nuestras propuestas las bonificaciones conseguidas son las siguientes: 50% a favor de las instalaciones, construcciones y obras referentes a las viviendas de protección oficial (tanto de promotor público como privado) y un 90% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los y las discapacitadas.
• Ordenanza fiscal nº 305, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía). Tras nuestras propuestas las familias que lleven a cabo la dación en pago quedarán exentas de las plusvalías.
• Al proponer varias alegaciones a los distintos puntos que conforman la ordenanza fiscal 473, reguladora de la actividad económica de la actividad municipal, acordamos extraer ésta del conjunto de todas las ordenanzas para poder desarrollarlas de maneras más efectiva y productiva.
• En cuanto al IBI, propuesta que está dando mucho de que hablar, queremos expresar que solo nos hemos atenido a lo que se aprobó en el pleno anterior. En el pleno celebrado en el mes de octubre, el grupo municipal IU presentó una propuesta de bajada del IBI al 1,00%, nuestro grupo municipal se abstuvo a dicha propuesta, pues, creemos firmemente que la bajada del IBI debe aplicarse a las familias que así lo necesiten y así lo solicitamos en una moción presentada por nuestro grupo en el mes de septiembre. El resto de grupos municipales acordaron aprobar la moción de IU siempre que la bajada fuese la máxima legal argumentada por los informes técnicos. Los técnicos presentan un informe donde queda reflejado que la bajada máxima legal no puede ser inferior al 1,07%. Nos encontramos en la tesitura de votar esta bajada o quedarnos en el tipo impositivo actual del 1,15% por lo que optamos por un lado votar acorde a lo aprobado en el anterior pleno y por otro a la rebaja máxima legal permitida. Queremos hacer constar que la propuesta que plantea IU nos parecía más justa y mucho más beneficiosa para la gente, pero no podemos quedarnos en propuestas utópicas que no se pueden llevar a cabo y por ello no llevar adelante otras que sí se pueden poner en práctica para el beneficio de la gente. Aún así, esta bajada no implicará beneficio para la ciudadanía porque a nivel estatal el valor catastral subirá para el 2016 en un 10%.
La ciudadanía solo debe consentir el pago de los impuestos, si estos son administrados con el fin único de conseguir la mejor de sus condiciones de vida, y por ello, siempre nos opondremos a su subida caprichosa y apoyaremos los que tengan como objetivo la financiación de una Sanlúcar más justa y equitativa que cubra los servicios sociales y laborales de nuestra población.
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