El candidato a la alcaldía Antonio Prats, se ha reunido con la junta de portavoces de las “Córralas”, para tratar el problema que tienen en estos momentos unas 150 familias.
Los andalucistas les han mostrado su apoyo a las medidas por las que vienen luchando, que no es otro que acceder a las viviendas que en estos momentos están ocupando, para que se les haga un alquiler social, con arreglo a su situación económica.
Prats les ha informado, que desde el primer momento que muchas familias ocuparon promociones de viviendas que están en mano de los bancos, se reunió en varias ocasiones diferentes córralas, como la de Bonanza, Plaza Juan Grande, calle Higuereta, Carril, a las cuales apoyó y que fruto de estas reuniones presentó una moción al pleno de Sanlúcar, que se aprobó por unanimidad por todos los partidos que están representado en el mismo.
En dicha moción se recogía los acuerdos para que la Junta de Andalucía, la banca y el ayuntamiento, llegaran a un acuerdo para que se les ofrecieran un alquiler social a todas las familias que estaban en una situación de exclusión social, por carecer de medios económicos.
Prats también les informó, que los servicios básicos, como la luz, el agua, el ayuntamiento no podría darlas, ya que las viviendas no eran de titularidad municipal, por lo que habría que presionar a los bancos, para que fueran solidarios con estas familias.
Los andalucistas han querido dejar claro, que hasta entonces, ningún partido político, se había preocupado por este problema, por lo que no entendemos la reacción de otros políticos, que al carecer de información sobre este tema, decían cosas que no eran posibles y que lo que hacían era confundir a esta familias.
Prats informó, que después de este acuerdo, la Junta tomó parte en el problema y se llevó a cabo conversaciones con los bancos y la Caisa, los que mostraron un acuerdo de alquiler de 20 viviendas con un alquiler social, que hasta la fecha no se ha producido.
Los andalucistas consideran que el ayuntamiento debería de haber tomado medidas para presionar a la banca a llegar a un acuerdo, por lo que consideramos que después de las elecciones, el alcalde elegido y los representantes de todos los partidos deberían de hacer un frente común con este problema. Prats considera, que tanto la Junta como el ayuntamiento deben de construir un mínimo de 400 viviendas sociales en los próximos cuatro años, para las 1.300 demandas de viviendas que tiene la ciudad.
Así mismo les mostró su apoyo a las familias que han recibido notificación del juzgado para defender las viviendas lo que consideran injusto, ya que estas familias carecen de recursos económicos además de tener hijos menores a cargo. Prats le han informado que estará apoyando a estas familias cuando el juzgado lleve a cabo el desahucio.
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