Irene García recuerda que la propuesta del PSOE de que las viviendas promovidas por Diputación y que estén desocupadas salgan al mercado de alquiler fue aprobada por el Pleno en mayo
“Aplaudimos que el Gobierno provincial del PP lleve a cabo iniciativas socialistas, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a atender las necesidades de los ayuntamientos, y que generalmente se encuentran en el Pleno con el rodillo que suponen los diputados y diputadas populares”. Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, tras conocerse que el consejo de administración de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz SA (Provisa), dependiente de la Diputación, ha dado luz verde a que aquellos adjudicatarios de pisos promovidos por la institución provincial que no han podido suscribir un crédito hipotecario tengan la posibilidad de acogerse a una fórmula de alquiler con opción a compra para acceder a los mismos.
Irene García ha recordado que “ese fue, precisamente, el contenido de una propuesta del Grupo Socialista en el Pleno del pasado mes de mayo, que a pesar de las críticas recibidas desde el PP fue aprobada con los votos del Gobierno provincial”. “Sin embargo, cuando ha trasladado a la opinión pública esa información, el consejero delegado de Provisa y diputado provincial de Vivienda parece haber olvidado que esa supuesta decisión autónoma del consejo de administración responde en realidad a ese acuerdo de Pleno. Sin llegar a ser tan ingenuos como para esperar que el señor Saldaña nos atribuya a los socialistas el mérito de la iniciativa, al menos sí debería haber guardado mínimamente las formas y recordar que lo que se vende como una iniciativa propia no es sino la consecuencia de un mandato de la Corporación”.
“Independientemente de las formas, lo importante de verdad es que, frente a la falta de iniciativa del Gobierno provincial, los socialistas estamos realizando una oposición responsable, fiscalizando la escasa gestión del PP y proponiendo iniciativas que, como esta, pretenden dar un giro social a la actuación de la Diputación”, ha dicho la portavoz y secretaria general. En este sentido, ha añadido que “la siguiente cuestión que el señor Loaiza deberá solucionar será, además de que nuestras propuestas se dejen de ver con ojos partidistas, que los acuerdos plenarios no duerman el sueño de los justos metidos en un cajón, porque es lamentable que haya tenido que pasar medio año para que se aplicara uno de la importancia de este, que fue tomado en mayo”.
Irene García ha recordado que “como ya quedó de manifiesto en el Pleno de mayo, esta medida beneficiará de forma directa a casi 70 familias en diversas localidades de la provincia en las que hay viviendas promovidas por Provisa que no han podido ser ocupadas por sus adjudicatarios por el hecho de que no han obtenido la financiación para su compra”. Y ha incidido en que, “siendo eso muy importante, también lo será que esa fórmula del alquiler con opción a compra se incorpora como una modalidad alternativa a la de compra para las futuras promociones, con lo que el número de beneficiarios se multiplicará de forma exponencial”.
La portavoz y secretaria general ha destacado que “la alcaldesa socialista, de Benalup-Casas Viejas, Amalia Romero, ya solicitó bastantes meses atrás la puesta en marcha de una medida de estas características, para dar respuesta a un buen número de familias de esa localidad que no podían acceder a unas viviendas que se encontraban vacías, dada la imposibilidad de hallar recursos económicos con los que adquirirlas. Finalmente, el trabajo conjunto con el Grupo Socialista de la Diputación se tradujo en la aprobación de la propuesta presentada al Pleno en mayo”.
“En un momento en que miles de familias de esta provincia necesitan una vivienda y no pueden acceder a ella, entre otras cuestiones, porque el sector financiero ha cerrado completamente el crédito a empresas y particulares, mantener cerrados a cal y canto unos pisos promovidos por la iniciativa pública era una auténtica aberración desde el punto de vista social. Y hasta un mal negocio desde el punto de vista económico, para aquellos que no entienden de otra cosa que no sean los números puros y duros”, ha explicado.
Irene García ha concluido señalando que “a la espera de conocer las condiciones y el procedimiento exacto para el acceso a esta fórmula del alquiler con opción a compra, lo realmente importante es que hemos logrado que Provisa deje de verse como una sociedad mercantil pura y dura. Lejos de ello, se trata de una empresa pública, y como tal no solo tiene que perseguir la rentabilidad económica, sino que debe buscar especialmente la rentabilidad social”.
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