El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Cádiz, el diputado Pedro Romero, defenderá mañana una moción en la que solicita el desbloqueo de la situación que atraviesan las dos escuelas de hostelería de la ciudad, de un lado, la dependiente de la Diputación, la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones y de otro, el Consorcio Escuela de Hostelería, dependiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.
En la moción presentada, IU solicita al Pleno de la Diputación que adopte las “medidas extraordinarias necesarias” que garanticen el comienzo de las clases con el menor plazo de tiempo posible en el local que está siendo adaptado por la institución en la Zona Franca. Asimismo, pide que se inste a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz a que “de manera conjunta como componentes del Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz adopten las medidas urgentes para garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores y se desbloquee el proceso de inscripción y el comienzo del nuevo curso con total normalidad”.
El diputado de IU lamenta la “incertidumbre” que pesa sobre el futuro de las dos escuelas públicas de hostelería de la ciudad y por consiguiente “la gran preocupación entre estudiantes, profesores y ciudadanos en general, que consideran inadmisible la situación en que ambas escuelas se encuentran desde el año pasado por distintas circunstancias”. Romero lamenta asimismo, que “una herramienta tan importante para la formación profesional y la inserción laboral de los gaditanos no disponga en estos momentos de estos importantes y prestigiosos recursos para la gastronomía y la hostelería en una provincia cuya industria más importante es el turismo”.
El portavoz de IU incluirá en el debate provincial de mañana la reforma energética que está acometiendo el Gobierno central y que entre sus primeros efectos de cara al consumidor doméstico se encuentra la subida del 3,2% de las tarifas desde el pasado 17 de julio y que se suma a las del 1,2% del pasado 1 de julio y la del 3% del mes de enero, convirtiendo a la electricidad doméstica española en la más cara de toda Europa. En este sentido, la moción de IU solicita que se inste al Gobierno central a que en el desarrollo reglamentario del Decreto Ley 9/2013, por el que se acuerdan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, “se contemple el control de las futuras subidas de la electricidad doméstica, ajustándola, como máximo al aumento del IPC”.
Asimismo, pide que se inste al Gobierno a negociar con el sector de las energías renovables (fotovoltaica, eólica y cogeneración) el desarrollo de este reglamento, de manera que se haga posible su viabilidad futura. Según apunta la moción de Izquierda Unida, esta reforma energética puesta en marcha por el Gobierno “pone en peligro el empleo asociado a las energías renovables en la provincia de Cádiz” sector que según la Agencia Andaluza de la Energía, abarca las tres mil personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos. Por otra parte, se contabiliza que las empresas que ejercen actividades vinculadas con el sector energético son aproximadamente cien en toda la provincia.
IU critica que el decreto de medidas urgentes por el que se busca lograr la estabilidad financiera del sector energético es “una continuación de medidas aisladas, de carácter claramente recaudatorio, que no atajan el problema del sistema energético en su conjunto, sino que se centran fundamentalmente, en el déficit tarifario como única cuestión”. Según Romero, “las consecuencias de esta política del PP tiene que ser siempre asumidas por la parte más débil de la cadena, por los ciudadanos”.
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