Irene García dice que “la voz de Cádiz debe escucharse como se escuchan las de otras zonas que sí están forzando que se respeten sus derechos, y esa responsabilidad recae en el presidente de Diputación”
La única propuesta del Grupo Socialista que ha logrado el respaldo del Pleno de la Diputación en la sesión plenaria de esta mañana ha sido la que planteaba el rechazo del proyecto de dragado del río Guadalquivir, una iniciativa necesaria para aumentar los tráficos del puerto fluvial de Sevilla que acarreará “graves perjuicios ambientales y enormes daños para nuestro tejido económico”.
La portavoz del Grupo Socialista, Irene García, ha sido la encargada de defender esta iniciativa, que ha resultado aprobada por unanimidad, con una intervención en la que ha denunciado que “el dragado del Guadalquivir traerá consigo importantes efectos sobre el delicado equilibrio natural del río y sus inmediaciones, con una evidente repercusión en Doñana”. Paralelamente, “el cambio en esa situación derivará en un cambio en las condiciones del agua y en su salinidad que acarreará consecuencias negativas para la pesca y para el sector agrario a lo largo de su margen izquierda. Sin embargo, para el Gobierno de la Nación y para el ministro Arias Cañete parece que la única preocupación son los arroceros de la provincia de Sevilla”. De ahí que haya reclamado al presidente de la Diputación que asuma el mandato de la Corporación y “encabece la defensa de la provincia contra el dragado del Guadalquivir”.
Irene García ha recordado que el pasado mes de abril el Pleno de la Diputación ya mostró su rechazo a ese posible dragado, pero ha defendido la oportunidad de impulsar este nuevo acuerdo institucional, toda vez que “durante el pasado verano se han producido nuevos e importantes acontecimientos como la aprobación de una nueva Zona Franca en terrenos portuarios de Sevilla, un proyecto para el que es básico que se realice esta actuación sobre el río”. “A lo largo de todo este tiempo no hemos escuchado ni una sola voz procedente del PP de la provincia que se haya manifestado en contra de ese dragado o que haya recordado que existe un acuerdo institucional que lo rechaza de plano”, ha explicado.
“Hace unos meses, esta Diputación mostró su rechazo al dragado del Guadalquivir, pero es evidente que hay que dar un paso más y que el presidente Loaiza debe abanderar la oposición frontal de esta provincia a ese proyecto”, ha dicho la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz, quien ha incidido en que “a esta provincia, a sus agricultores, a sus pescadores, a la comunidad portuaria que verá reducida su actividad por el desvío de tráficos hacia las dársenas sevillanas y a la riqueza ambiental que representa todo el entorno del cauce del río y de Doñana no le basta con que se levante la mano en el Pleno y se apruebe casi por obligación una propuesta ante la que es imposible quedarse fuera. Lo que esta provincia necesita no es eso, sino que se escuche su voz como se están escuchando las de otras zonas que sí están forzando que se respeten sus derechos, y esa responsabilidad recae sobre el señor Loaiza”.
Finalmente, Irene García ha incidido en la necesidad de que la Diputación lidere esa voz en defensa de los intereses de la provincia de Cádiz porque “de la misma manera que la alcaldesa de Cádiz hizo el ridículo más espantoso cuando admitió que se había enterado por la prensa del acuerdo entre Juan Antonio Zoido y Cristóbal Montoro para poner en marcha la Zona Franca de Sevilla, no nos extrañaría que, más pronto que tarde, asistamos a un nuevo ridículo de los representantes del PP si el ministro Arias Cañete alcanza un acuerdo que salvaguarde los intereses de los arroceros de la provincia de Sevilla y consuma el dragado del río en contra de los derechos y de las demandas de esta provincia”.
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