Juan de Dios Regordán
Hace días en televisión vimos imágenes de un simulacro de “toma y apropiación” de unas fincas andaluzas. Digo “simulacro” porque se veía que algunos o no podían con las banderas o no sabían andar por el campo. En otras imágenes, alguien pedía reformar la Constitución. Me cuesta entender que políticos se atrevan a pedir la reforma de la Constitución, tal vez sin haberla leído. ¿Actúan sólo dirigidos por consignas e intereses partidistas? Antes de reformar nuestra Carta Magna habrá que poner en práctica su cumplimiento. Derecho al trabajo, a una vivienda digna, igualdad de oportunidades, educación y sanidad de calidad, ejercicio de justicia libre e independiente son realidades a garantizar para todos los españoles. Podemos continuar desgranando los artículos de la Constitución Española y veremos que muchos de ellos están esperando su desarrollo.
Tal vez falte valentía para afrontar el cumplimiento de muchos de los artículos de la Constitución. ¿Se inventan propuestas novedosas para distraer? Algunas de las cosas que se dicen son ajenas a la búsqueda del bien común y a la participación. No obstante, a pesar de las dificultades hay que seguir avanzando en la consecución de más logros en la línea de bienestar social. Existen espacios legales para llegar a cotas de mayor participación en una justa redistribución de la riqueza y de los medios de producción. Con sólo conseguir que quiénes se han apropiado de grandes fortunas devolvieran lo robado, se aliviarían muchas familias que han sido expoliadas y arrojadas a la pobreza por intereses económicos injustos.
Antes de hablar de reformar las pensiones, - que en los momentos actuales son el soporte para que muchas familias puedan comer- habrá que denunciar sueldos y retiros blindados que han recibido privilegiados y que se quedan con lo que pertenecía a todos. ¿Qué papel y con qué autoridad va actuar un pequeño grupo denominado “expertos” para informar sobre la reforma de las pensiones? Tocar las pensiones puede ser el mayor peligro para la estabilidad social. Habrá que tenerse en cuenta las raíces verdaderas de la actual situación económica y social de las familias españolas.
El concepto de “soberano”-súbdito” debe desaparecer. Se dan pasos lentos en cuanto a la participación ciudadana. Bastantes políticos están abiertos a escuchar, a trabajar en equipo priorizando propuestas y soluciones. Se avanza en la conciencia ciudadana de que los bienes deben llegar a todos bajo el prisma de la justicia, sean las que sean las formas de propiedad. La misma propiedad privada tiene, por su misma naturaleza, una dimensión social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes.
Hay muchas familias sin aportación económica alguna y sin alojamiento decente. Viven muchos en inseguridad, sin tener ocasión de actuar libre y responsablemente; muchos menos de promover su nivel de vida y de participar en la vida social y política. Por ello, habrá que plantear seriamente el desarrollo de la Constitución; desarrollar las reformas que tengan por fin el incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, participación en la gestión y en los beneficios; más todavía, el reparto de propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quiénes sean capaces de hacerlas valer.
Las fotos de simulacros sobran. La participación, conforme al artículo 129, va más allá de la mera función consultiva, informativa y de control, se trata de abrir la participación a las esferas de organización, planificación y decisión a través de la llamada coparticipación en la administración o cogestión de la empresa, un terreno todavía virgen en nuestros sistemas.
Hace días en televisión vimos imágenes de un simulacro de “toma y apropiación” de unas fincas andaluzas. Digo “simulacro” porque se veía que algunos o no podían con las banderas o no sabían andar por el campo. En otras imágenes, alguien pedía reformar la Constitución. Me cuesta entender que políticos se atrevan a pedir la reforma de la Constitución, tal vez sin haberla leído. ¿Actúan sólo dirigidos por consignas e intereses partidistas? Antes de reformar nuestra Carta Magna habrá que poner en práctica su cumplimiento. Derecho al trabajo, a una vivienda digna, igualdad de oportunidades, educación y sanidad de calidad, ejercicio de justicia libre e independiente son realidades a garantizar para todos los españoles. Podemos continuar desgranando los artículos de la Constitución Española y veremos que muchos de ellos están esperando su desarrollo.
Tal vez falte valentía para afrontar el cumplimiento de muchos de los artículos de la Constitución. ¿Se inventan propuestas novedosas para distraer? Algunas de las cosas que se dicen son ajenas a la búsqueda del bien común y a la participación. No obstante, a pesar de las dificultades hay que seguir avanzando en la consecución de más logros en la línea de bienestar social. Existen espacios legales para llegar a cotas de mayor participación en una justa redistribución de la riqueza y de los medios de producción. Con sólo conseguir que quiénes se han apropiado de grandes fortunas devolvieran lo robado, se aliviarían muchas familias que han sido expoliadas y arrojadas a la pobreza por intereses económicos injustos.
Antes de hablar de reformar las pensiones, - que en los momentos actuales son el soporte para que muchas familias puedan comer- habrá que denunciar sueldos y retiros blindados que han recibido privilegiados y que se quedan con lo que pertenecía a todos. ¿Qué papel y con qué autoridad va actuar un pequeño grupo denominado “expertos” para informar sobre la reforma de las pensiones? Tocar las pensiones puede ser el mayor peligro para la estabilidad social. Habrá que tenerse en cuenta las raíces verdaderas de la actual situación económica y social de las familias españolas.
El concepto de “soberano”-súbdito” debe desaparecer. Se dan pasos lentos en cuanto a la participación ciudadana. Bastantes políticos están abiertos a escuchar, a trabajar en equipo priorizando propuestas y soluciones. Se avanza en la conciencia ciudadana de que los bienes deben llegar a todos bajo el prisma de la justicia, sean las que sean las formas de propiedad. La misma propiedad privada tiene, por su misma naturaleza, una dimensión social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes.
Hay muchas familias sin aportación económica alguna y sin alojamiento decente. Viven muchos en inseguridad, sin tener ocasión de actuar libre y responsablemente; muchos menos de promover su nivel de vida y de participar en la vida social y política. Por ello, habrá que plantear seriamente el desarrollo de la Constitución; desarrollar las reformas que tengan por fin el incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, participación en la gestión y en los beneficios; más todavía, el reparto de propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quiénes sean capaces de hacerlas valer.
Las fotos de simulacros sobran. La participación, conforme al artículo 129, va más allá de la mera función consultiva, informativa y de control, se trata de abrir la participación a las esferas de organización, planificación y decisión a través de la llamada coparticipación en la administración o cogestión de la empresa, un terreno todavía virgen en nuestros sistemas.
Juan de Dios Regordán Domínguez
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