El juez de instrucción más conocido de España, Baltasar Garzón, está siendo ahora procesado en un caso de motivaciones políticas que debería haberse sobreseído. Al juez Garzón se le acusa de ignorar una ley de amnistía de 1977 cuando decidió investigar las desapariciones de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil española de los años 30 y la subsiguiente década de represión franquista.
Los cargos que se le imputan los denunciaron dos grupos de extrema derecha que temen una investigación abierta de los hechos ocurridos durante la época de Franco. Desgraciadamente, uno de los compañeros de Garzón en la magistratura apoyó esta semana la querella y le imputó formalmente los cargos.
En consecuencia, y a la espera del juicio, ahora será suspendido de sus funciones. Si resultara condenado, se le apartaría de los tribunales por un periodo de hasta 20 años, lo que en la práctica pondría fin a una carrera dedicada a hacer que terroristas y dictadores rindan cuenta de sus crímenes. Eso complacería a sus adversarios políticos, pero sería una parodia de la justicia.
Garzón es un juez intrépido y polémico que se ha granjeado muchos enemigos a través de los años. Ha instruido sumarios contra los terroristas vascos y los de Al Qaeda, contra poderosos políticos españoles, contra dictadores latinoamericanos y contra matones de la mafia rusa.
Le atraen los casos de perfil alto, como su intento de llevar a juicio al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y algunas veces se excede. Pero ha sido coherente en su objetivo de denegar la impunidad a los poderosos y extender el alcance de las leyes internacionales en defensa de los derechos humanos.
Debería permitirse a Garzón que reanudara su trabajo lo antes posible. España necesita un examen honesto de su agitado pasado, no la persecución de aquéllos que tienen el coraje de exigirlo.
Traducción: Kiko Rosique
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