- Despido más barato y contratación más precaria es, en esencia, lo que propone el gobierno, en un nuevo servicio a los intereses del capital.
- El despido será más barato para las empresas en los nuevos contratos.
- Trabajo quiere hacer más atractiva la modalidad de contratación indefinida con 33 días por año.
El Gobierno propone varias medidas para bajar el gasto empresarial sin reducir la indemnización.
El Gobierno hizo ayer un ejercicio de equilibrio entre las reivindicaciones empresariales y sindicales con unas propuestas que a ninguna de las dos partes satisfacen del todo ni pueden rechazar del todo. El objetivo de hacer más atractivo el contrato fijo pasaría por reducir el coste empresarial de los despidos, aunque las indemnizaciones de los trabajadores no reflejarían ese abaratamiento. Todo ello a través del contrato de trabajo de fomento de la contratación indefinida. En el documento que resume el diálogo social de los dos últimos meses, el Gobierno propone ampliar el universo de trabajadores a los que aplicar ese modelo de contrato. Además, sugiere nuevas fórmulas para que todas las indemnizaciones por despidos improcedentes de trabajadores con este tipo de contrato cuesten como máximo 33 días de sueldo por año de antigüedad, cosa que ahora no sucede. (...)
EL PAPEL DEL FOGASA
La tercera propuesta -la más importante- en torno al impulso de ese contrato supone subvencionar parte de sus costes del despido. La indemnización de 33 días por año se mantendría, pero el coste para el empresario podría ser de tan solo 20 días si los otros 13 son cubiertos por el Fondo de Garantía Empresarial (Fogasa). La fórmula sería transitoria y excepcional mientras dure la crisis; figura, con una confusa redacción, en los 14 folios que el Ministerio de Trabajo entregó ayer a la CEOE, CCOO y UGT.
La iniciativa del Ejecutivo supondría una reforma del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores que prevé esta exención en el coste del despido para los empresarios pero sólo para las empresas de menos de 25 trabajadores. En la actualidad el Fogasa se hace cargo del 40% de la indemnización en las empresas pequeñas. La nueva propuesta del Gobierno trataría de generalizar esta exención a todo tipo de compañías.
Con el objetivo de «incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana», el Gobierno también sugiere la posible implantación en España a largo plazo del modelo implantado en Austria desde hace algunos años para establecer la indemnización por pérdida del empleo. Sin embargo, no concreta cómo sería su aplicación en el mercado español, con una población ocupada de 18,6 millones de personas frente a la austriaca, considerablemente más baja, de dos millones y medio. Para los sindicatos esta enorme diferencia no es baladí a la hora de su aplicación en España. Uno de los primeros en defender un contrato por razones de crisis económica fue el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que lo planteó durante una conferencia el 31 de marzo del año pasado.
MALESTAR
Los sindicatos consideran que el documento, que ahora estudiarán con detenimiento, «tiene un perfil alejado del acuerdo y contiene ambigüedades. No ocultaron su malestar porque el ministerio hubiera dado, en rueda de prensa, más datos sobre la rebaja del coste empresarial del despido de los que dio durante la hora larga que duró la reunión. De momento, UGT y CCOO han logrado tiempo para que el acuerdo final contenga de verdad propuestas que satisfagan a las partes. Los contactos a tres bandas se prolongarán al menos un mes, hasta la segunda quincena de mayo.
Los aspectos más conflictivos como la negociación colectiva y la flexibilidad interna, que afecta a cuestiones como la jornada laboral, quedarán en manos de la negociación bilateral. «No estamos por abaratar el despido, ni suprimir sus causas ni acabar con la tutela judicial efectiva», comentaron Toni Ferrer (UGT) y Ramón Górriz (CCOO).
EMPLEO PARA JÓVENES
Uno de los aspectos en los que hay más acercamiento es en las medidas para favorecer el empleo de los jóvenes entre 16 y 30 años. En este sentido el Gobierno propuso incrementar «sustancialmente» las actuales bonificaciones para la contratación de jóvenes entre esas edades y ampliar la edad máxima de 21 a 24 años de los trabajadores a los que se les realice contratos de formación, libres de cotizaciones, pero que devenguen derecho al subsidio de desempleo.
El documento recoge otros aspectos sobre los servicios públicos de empleo y la intermediación laboral. El Gobierno es partidario de dar entrada a las agencias privadas de colocación, medida que cuenta con las reticencias sindicales.
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