La imagen de ciudad acogedora y hospitalaria que pretende promocionar Sanlúcar en un vídeo titulado Tenemos que vernos no parece casar con la reiterada negativa del Ayuntamiento a empadronar a algunos extranjeros. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) está dispuesta a llevar a la Fiscalía este incumplimiento de la legislación vigente, adelantó ayer Diego Boza, abogado del colectivo. "Se está negando el empadronamiento a personas en situación irregular, algo que es absolutamente contrario a las normas españolas. Hemos presentado una queja y estamos a la espera de que se resuelva. Parece ser que no es una decisión política. Nos vamos a ver obligados a presentar una denuncia y ponerla en manos de la Fiscalía. Probablemente sea el único municipio de España en el que esté sucediendo esto. Recuerdo que algo parecido pasó en Vic hace unos cinco años, pero las instrucciones fueron tan claras que nadie ha vuelto a atreverse. Salvo Sanlúcar".
A Boza el caso le resulta especialmente extraño, teniendo en cuenta que "en el Ayuntamiento nos dicen -una teniente de alcalde- que no es una decisión política, sino una decisión administrativa de un funcionario", por lo que no descarta que pudiesen estar ante un delito de prevaricación. "No entendemos cómo los responsables políticos no toman ninguna medida para impedir que un funcionario haga esto con algo tan sensible como el Padrón", añadió.
Pero los extranjeros no solo encuentran problemas a la hora de empadronarse, según denuncia Diego Boza. También se topan con ellos en el hospital. "Los trabajadores que gestionan los accesos ponen dificultades si la persona es inmigrante irregular. Hemos exigido que se cumpla el protocolo -de atención sanitaria a la población extranjera, de la Junta- pero nos seguimos encontrando con el mismo tipo de problemas. Es muy llamativo que una sanidad publica pagada con dinero de todos, cuando se aplica con mecanismos privados, suponga al final un recorte de derechos para las personas que están en peor situación". Esto, desgraciadamente, no ocurre sólo en Sanlúcar. " Nos encontramos con casos incluso de menores que vienen de Madrid y que tienen que recurrir a nosotros para que les atiendan. Es una cuestión de formación del personal, que no tiene claras las directrices,especialmente en el centro concertado de Sanlúcar". Una de cada cinco consultas recibidas por la Apdha en 2014 fue sobre atención sanitaria.
Boza y Rafael Lara presentaron ayer un balance del servicio de atención a los inmigrantes en la Bahía de Cádiz, que en 2014 respondió a las consultas y demandas de casi 1.500 personas, la mayor parte de ellas en El Puerto, San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Desde finales de año la Apdha también tiene una oficina en Jerez. La cifra solo es algo inferior -150 personas menos- a la de los últimos cinco años: la población extranjera en la provincia apenas si ha variado y muchos, sobre todo latinoamericanos, han acabado adquiriendo la nacionalidad española.
El porcentaje de personas en situación de irregularidad administrativa no llega al 20%, síntoma de que la mayoría lleva asentada muchos años. El 50% de los extranjeros son comunitarios y del 50% restante, más de la mitad tienen residencia de larga duración. Un 80% están empadronados y llevan cinco o más años de comunitarios con una situación de estabilidad.
A Boza el caso le resulta especialmente extraño, teniendo en cuenta que "en el Ayuntamiento nos dicen -una teniente de alcalde- que no es una decisión política, sino una decisión administrativa de un funcionario", por lo que no descarta que pudiesen estar ante un delito de prevaricación. "No entendemos cómo los responsables políticos no toman ninguna medida para impedir que un funcionario haga esto con algo tan sensible como el Padrón", añadió.
Pero los extranjeros no solo encuentran problemas a la hora de empadronarse, según denuncia Diego Boza. También se topan con ellos en el hospital. "Los trabajadores que gestionan los accesos ponen dificultades si la persona es inmigrante irregular. Hemos exigido que se cumpla el protocolo -de atención sanitaria a la población extranjera, de la Junta- pero nos seguimos encontrando con el mismo tipo de problemas. Es muy llamativo que una sanidad publica pagada con dinero de todos, cuando se aplica con mecanismos privados, suponga al final un recorte de derechos para las personas que están en peor situación". Esto, desgraciadamente, no ocurre sólo en Sanlúcar. " Nos encontramos con casos incluso de menores que vienen de Madrid y que tienen que recurrir a nosotros para que les atiendan. Es una cuestión de formación del personal, que no tiene claras las directrices,especialmente en el centro concertado de Sanlúcar". Una de cada cinco consultas recibidas por la Apdha en 2014 fue sobre atención sanitaria.
Boza y Rafael Lara presentaron ayer un balance del servicio de atención a los inmigrantes en la Bahía de Cádiz, que en 2014 respondió a las consultas y demandas de casi 1.500 personas, la mayor parte de ellas en El Puerto, San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Desde finales de año la Apdha también tiene una oficina en Jerez. La cifra solo es algo inferior -150 personas menos- a la de los últimos cinco años: la población extranjera en la provincia apenas si ha variado y muchos, sobre todo latinoamericanos, han acabado adquiriendo la nacionalidad española.
El porcentaje de personas en situación de irregularidad administrativa no llega al 20%, síntoma de que la mayoría lleva asentada muchos años. El 50% de los extranjeros son comunitarios y del 50% restante, más de la mitad tienen residencia de larga duración. Un 80% están empadronados y llevan cinco o más años de comunitarios con una situación de estabilidad.
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