IU siguiendo en la línea marcada por la ley del Uso Social de la Vivienda quiere continuar mediante iniciativas legislativas protegiendo a los ciudadanos en todo aquello que se refiere a su acceso a una vivienda digna en condiciones de igualdad frente a las entidades de créditos. Por lo que ha presentado un anteproyecto de Ley de Protección de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria.
Durante años se han producido numerosos casos de perjuicios a los consumidores de hipotecas, entre los cuales se encuentra la aplicación de las llamadas “cláusulas suelo”. En Abril de 2013, el Tribunal Europeo de Justicia dictó una sentencia en la que se criticaba duramente la falta de transparencia empleada en los procesos de firmas de hipotecas.
IU dese la Junta de Andalucía pretende garantizar la información y la transparencia en las futuras hipotecas y de esa manera evitar el perjuicio económico a la ciudadanía.
Después de la defensa de la vivienda como derecho, ahora nos ponemos manos a la obra con la defensa de la ciudadanía frente a los abusos de los poderes financieros, superando la insuficiencia de la normativa estatal que regula la concesión de préstamos hipotecarios.
Para ello, a iniciativa de IU el gobierno andaluz realizará las campañas de información pertinentes, así como de inspección para vigilar el cumplimiento de la ley por las entidades prestamistas, que podrán ser sancionadas en caso de incumplimiento (hasta 600.000 euros, aunque se prevé sancionar del beneficio obtenido).
Se trata de una norma para la indemnización de la ciudadanía por los perjuicios causados, así como la creación de un “contrato de confianza” a partir del trabajo de asociaciones, empresarios y gobierno. Con estas medidas, se acabará con el desequilibrio entre las entidades bancarias, que dictan las condiciones, y las personas que contratan la hipoteca. Se pretende acabar con la indefensión que producen la desinformación, el abuso y la impunidad de las entidades financieras.
A la misma vez que ponemos en marcha esta Ley de protección de Consumidores, seguimos en la tramitación de la Ley para garantizar la Función Social que debe tener la vivienda en Andalucía.
“Recurrieron el Decreto pero vamos a la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda”
El miércoles 18 de septiembre, la Junta de Portavoces del Parlamento dió luz verde al orden del día del Pleno del 25 de septiembre, que incluirá la aprobación de la Ley de la Función Social de la Vivienda.
La Ley llega tras su trámite parlamentario con un recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Gobierno del PP contra el Decreto que regulaba la Función Social de la vivienda.
Durante la tramitación del proyecto de Ley (ahora ya ponencia de la Ley) IU ha defendido que, lejos de limitar el espíritu de la norma como pretendía el PP, cabía ampliar algunos supuestos, como recomendaron Facua o La PAH:
Ampliar los supuestos en los que una persona se acoge al derecho de permanecer en su vivienda cuando, a consecuencia de la crisis, se hayan tomado decisiones que le han llevado a perder su casa:
· Autónomos que hubieran puesto su casa como aval para afrontar los impagos de su negocio
· Personas “atrapadas” con “hipotecas puente”
· Personas que hayan avalado con su vivienda el crédito hipotecario de terceros
· Ampliación de la norma víctimas de desahucios en régimen de alquiler
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