Desde hace meses venimos asistiendo a una creciente intervención estatal, a través de diversos canales de financiación, en los problemas de solvencia de bancos y entidades crediticias en general.
Queremos denunciar el uso indebido de dinero público para acudir al rescate de entidades, que por su mala gestión o por una asunción desmedida de riesgos se están viendo abocadas a la quiebra o a la intervención y ayuda estatal para poder sobrevivir.
No se puede pedir a los ciudadanos, en aras a la estabilidad del sistema financiero, que acudan a salvar a entidades arruinadas por una gestión ineficaz o incluso fraudulenta, al mismo tiempo que se le exigen esfuerzos adicionales y pérdida de servicios públicos para, según se les dice, poder vencer la crisis.
Cuando una empresa, acuciada por esa misma crisis, entra en quiebra, se disuelve y reparte entre sus acreedores, no es rescatada por los ciudadanos.
Cuando un parado pierde o agota sus prestaciones, nadie acude a sufragar sus más elementales necesidades, no es rescatado por los ciudadanos.
Cuando un ciudadan@, ahogado por esa misma crisis, no puede pagar la hipoteca, pierde el derecho básico a la vivienda que la Constitución reconoce, y nadie acude a su rescate, sino que se le persigue aún después de haberla perdido.
Los que han llevado a estas entidades a esa situación son los mismos que financiaban viviendas por encima de su valor, y que asumían riesgos inasumibles en aras a continuar su lucrativo negocio, y esos son quienes deben responder de las pérdidas y de su gestión, no los ciudadanos soportando el peso de su rescate.
Los últimos rescates de la CAM y del Banco de Valencia, unidos a los de Caja Castilla la Mancha y CajaSur, elevan a más de 12.000 millones de euros los empleados en rescatar entidades crediticias, en rescatar a uno de los sectores causantes de la crisis.
Ante el grave atentado al erario público que significa pagar o financiar a quienes, en vez de contribuir a la economía real, se dedican a especular y a engrosar las jubilaciones insultantes de algunos de sus directivos, denunciamos públicamente esta situación, y desde la ‘Asamblea Ciudadana del 15 M’ de Sanlúcar de Barrameda -junto con otras Asambleas, ‘Democracia Real Ya’ y otros muchos movimientos ciudadanos- exigimos:
El cese inmediato de los rescates a los bancos con dinero público.
La depuración de todas las responsabilidades económicas y/o penales derivadas de la mala gestión de los gestores de las entidades rescatadas.
La participación en los consejos de administración de las entidades rescatadas para intervenir en su gestión y tutela, dando así respuesta a la necesidad de tener una banca pública que compense los desequilibrios mostrados por la actual banca privada, concediendo por ejemplo préstamos a bajo interés a empresas que muestren proyectos viables y compromisos de estabilidad laboral ante sus empleados.
Utilizar el parque de inmuebles de las entidades rescatadas para promover alquileres a bajo coste para los más necesitados, descargando así al erario público del peso del rescate.
Porque los ciudadan@s no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque ya basta de pagar las crisis de otros, para que paguen los que nos han llevado hasta aquí.
¡Unid@s por un cambio global!
15M Sanlúcar
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