El agua es un recurso singular, pues sin agua no hay vida, pero además necesitamos agua de calidad para garantizar la seguridad e higiene en nuestras ciudades. Poner en manos privadas este recurso entra en conflicto directo con el interés general.
No es posible concebir, al menos en el sistema ético de eQuo, que el acceso al agua de calidad esté condicionado por la situación socioeconómica de los individuos, luego los responsables de la gestión de lo común (lo público) tienen que garantizar un agua de calidad para todos los ciudadanos. Esta premisa entrará tarde o temprano en contradicción con la finalidad de una empresa privada que no es otra que la del máximo beneficio al mínimo coste.
La contradicción es evidente pues si un Ayuntamiento, como es el caso del de El Puerto de Santa María, no es capaz de gestionar con eficiencia y eficacia el servicio de abastecimiento, el problema no es la gestión pública, el problema es la clase política que gobierna el Ayuntamiento que no tienen el más mínimo pudor en proclamar a los cuatro vientos que no son capaces de gestionar un servicio público tan elemental como es el abastecimiento del agua.
Es evidente que una empresa privada buscará la obtención de beneficios. Dichos beneficios saldrán de un aumento de los recibos del agua que pagamos los ciudadanos, del recorte en gastos en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras de distribución y depuración del agua, del despido de trabajadores de la actual empresa pública.
Al final los beneficios de la empresa privada los volveremos a pagar entre todos los ciudadanos, pues cuando se produzcan inundaciones, la calle Pozos Dulces por ejemplo, los gestores privados alegarán que son unos gastos que ellos no podrán asumir, o bien desaparecerán los criterios de favorecer cuotas bajas a las personas con menos recursos, o bien decididamente subirán el precio de los recibos del agua.
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