Las movilizaciones, aprobadas por la Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el que está representado CCOO junto a otros sindicatos, han consistido en concentraciones a las puertas de los centros de trabajo con el único objetivo de manifestar el rechazo de los trabajadores de la Agencia Tributaria a la decisión del Gobierno de abaratar sus nóminas así como de recortar derechos sociales.
Los empleados públicos de la Agencia Tributaria han manifestado su más enérgica repulsa al plan de ajuste del Gobierno por los recortes que conllevará en sus salarios y en sus derechos sociales con una concentración que han hecho extensiva por toda la provincia, con concentraciones en los diferentes centros de trabajo.
Estas movilizaciones, aprobadas por la Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), donde está representado CCOO con otros sindicatos, se repetirán todos los miércoles con idéntico objetivo hasta nuevo aviso.
Responsables de CCOO han recalcado el enorme malestar de los empleados públicos de Hacienda por estas medidas del Ejecutivo central y han señalado también que cada día aumenta la disposición de todos ellos a participar en nuevas movilizaciones y actos de protesta.
En la concentración celebrada en la sede de la Agencia Tributaria de Cádiz, los trabajadores han protestado "Por la dignidad de los empleados públicos", según recogía la leyenda de la pancarta principal, en las escaleras de acceso al edificio sito en la plaza de la Constitución de la capital, con sonoras pitadas a las medidas del Gobierno y mensajes de rechazo al recorte salarial. (...)
Este colectivo de trabajadores, además, lamenta que ningún responsable político haya salido en defensa de la función pública en los medios de comunicación y asegura que, de los 2,6 millones de empleados públicos que hay en todo el país, sólo el 45% corresponde a funcionarios de carrera, que está sometido a incompatibilidades y regímenes disciplinarios.
En este sentido, los empleados públicos de Hacienda también insisten en denunciar que si el Gobierno apostara de forma decidida por luchar contra el fraude fiscal, que ronda el 23 por ciento del PIB, y consiguiera reducirlo hasta el 13 por ciento (porcentaje de la media europea de fraude fiscal), se podrían recaudar hasta 25.000 millones de euros adicionales cada año. Mucho más que con los recortes del Ejecutivo de Zapatero, que suponen un ahorro de 15.000 millones de euros.
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