La medida propuesta por el Gobierno mermaría el derecho a disfrutar de la pensión a las personas con edades comprendidas entre los 65 y 67 años y continuaría alejando a los jóvenes del mercado de trabajo. Revertir la situación de precariedad sociolaboral que enfrenta la juventud española aumentaría notablemente la recaudación del sistema de la Seguridad Social. (sigue...)
El anuncio repentino por parte del Gobierno de retrasar la edad de jubilación ha suscitado una contundente respuesta de oposición por parte de una pluralidad de agentes sociales, partidos políticos y medios de comunicación.
Habida cuenta del progresivo incremento de la edad media de la población activa española, y ante la bajada recaudatoria de ingresos a la Seguridad Social por motivo de la crisis, el Ejecutivo ha formulado una batería de posibilidades bajo el criterio de la reducción del gasto. Las propuestas presentadas han sido el retraso en la edad de jubilación, la reducción de cotizaciones sociales por cuenta del empresario, una revisión a la baja de los criterios para el acceso y cuantía de las prestaciones de la jubilación y la limitación del derecho a pensión de viudedad, entre otros.
El disfrute de la pensión de jubilación a partir de los 65 años, una medida adoptada en el marco del Pacto de Toledo en el año 1995, es de sobra justificada por el merecido descanso que necesita todo trabajador o trabajadora al término de la vida laboral, entre otras razones. El aumento progresivo de este límite conllevaría efectos nocivos para la salud y una merma en las condiciones de vida para el colectivo. Este argumento es un axioma innegable que sin duda apoyamos desde nuestra organización y que ha sido esgrimido también por todas aquellas voces críticas para con la propuesta del Gobierno. No obstante, es importante llamar la atención sobre las consecuencias colaterales que la adopción de esta política revertiría sobre otros grupos de población.
La dificultad de acceso al mercado de trabajo y las elevadas tasas de paro juvenil son una realidad que se refleja periódicamente en las estadísticas. Numerosas fórmulas contractuales (contrato de relevo, de sustitución por anticipación de jubilación) se han diseñado a lo largo de pasadas legislaturas para hacer frente a esta problemática, en ningún caso en el marco de una política comprehensiva y coherente que impulse un verdadero fomento del empleo para jóvenes. Sin embargo, ha existido consenso generalizado sobre lo procedente de articular medidas para impulsar el relevo generacional en el acceso al mercado de trabajo. Se pone pues de manifiesto la incoherencia entre este tipo de medidas y la prolongación de la vida laboral, que agravaría aún más las ya menguadas oportunidades de acceso al trabajo para la juventud.
Es un hecho certero, sin embargo, que el envejecimiento de la población española está poniendo en serio riesgo no sólo el futuro del sistema público de pensiones, sino en general todas las garantías de protección social de nuestro estado de bienestar. Pero, considerando esta premisa, lo verdaderamente sensato es definir cuáles son las causas de tal fenómeno y no ir poniendo parches anticipados a los efectos. En este sentido, sin lugar a dudas, la tardía incorporación de la gente joven al mercado de trabajo limita sensiblemente sus años de cotización a la Seguridad Social. Por ello, desde CCOO creemos que la necesidad de ingresos al sistema en ningún caso debería abordarse desde una política de contención en el gasto, sino con propuestas activas de empleo que aumenten la recaudación. Incrementar la población activa (y la población en general) no sólo conlleva generar empleo en sí, sino promover -por ejemplo- políticas de igualdad, de compatibilidad de la vida laboral y familiar y un fomento de la natalidad que se sustente más allá de medidas paternalistas (véase el "cheque-bebé") y avance, por ejemplo, en el desarrollo de la educación pública de 0 a 3 años y con verdadera protección a las familias jóvenes, garantizando su acceso a la vivienda.
La emancipación de la juventud se vuelve directamente proporcional a la edad de entrada en el mercado de trabajo. Si se extiende de 65 a 67 años el retiro del resto de la población trabajadora, las personas jóvenes de nuestro país no sólo tardarán más en lograr su autonomía económica y social, sino que además serán los futuros sufridores y sufridoras directos de ese retraso en la jubilación: estarán vetados al principio y penalizados al final de su vida laboral.
Sin duda las medidas presentadas son injustas y desacertadas; los argumentos esgrimidos dan buena cuenta de ello. Pero lejos de querer obviar una realidad que se hará patente en un futuro no muy lejano, nuestra línea de actuación se sitúa en acciones como el incremento del salario mínimo interprofesional, acabar con el fraude en la contratación temporal no justificada y, sobre todo, el emprendimiento de un política de empleo juvenil que incorpore a la creciente masa de jóvenes desempleados al mercado laboral en condiciones decentes. Sólo en esta dirección podremos asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones.
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