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3 ene 2010

EL PP SOLICITARÁ QUE SE INVESTIGUE EL REPARTO DE LAS LICENCIAS DE LAS TDT


El Partido Popular va a pedir en el Parlamento andaluz la constitución de una comisión de investigación sobre el proceso de reparto e implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) llevado a cabo por el Gobierno de la Junta en la comunidad autónoma. En concreto, el PP, que no descarta recurrir a otras vías, además de la parlamentaria, ha denunciado los «chanchullos» que se están produciendo tanto en la configuración y puesta en marcha del mapa autonómico de TDT como en el que corresponde a las demarcaciones locales.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, mantuvo ayer, en declaraciones a EL MUNDO de Andalucía, que su partido está convencido de la «clara ilegalidad» que se ha cometido durante la implantación de la TDT, sobre todo en el ámbito local.
El reparto de licencias locales de TDT por parte de la Junta tuvo en su día a dos principales beneficiarios, el grupo castellano-manchego CRN (Canal Regional de Noticias) y el grupo Prisa. Ambos coparon casi el 65% de las licencias de televisión privadas con implantación, además, en todas las demarcaciones. Según el PP, ya desde el inicio del proceso, la Junta «se procuró así una cobertura a base de amigos en toda Andalucía».

Las consecuencias de esta situación han empezado a dar la cara cuando, como consecuencia también de la crisis económica, la mayoría de estos proyectos se encuentran en este momento en el aire sin que se haya desarrollado prácticamente ninguno.
¿Qué está ocurriendo? Pues que, según el PP, ante esta situación «están empezando a venderse de manera encubierta licencias de TDT locales», lo cual constituye «una burla a la ley, una completa ilegalidad».
«Aquí se está haciendo negocio gracias a la Junta de Andalucía», denunció Antonio Sanz, que explicó que, en su día, la Administración autonómica «no consintió la concesión de licencias a empresas con muchos años de experiencia en el sector imputándoles que no reunían las condiciones objetivas y resulta que ahora son las mismas empresas a las que las adjudicatarias iniciales les están vendiendo, en la práctica, sus licencias».

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