Apenas una semana después del lamentable espectáculo vivido en Vic, donde, en contra de todas las previsiones legales, el Ayuntamiento de esta localidad catalana pretendió restringir el acceso al padrón de los inmigrantes sin papeles, el Gobierno anuncia una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para establecer límites al mismo.
Con independencia de la valoración de la medida propuesta, que desde luego producirá los mismos efectos de exclusión y condena a la marginalidad de un amplio colectivo de inmigrantes en nuestro país, el momento político elegido para este anuncio conlleva una concesión inaceptable a las posiciones xenófobas y racistas, que son las que parecen marcar la agenda política.
Es un atentado contra el sentido común más elemental responsabilizar a los inmigrantes de la falta de recursos de los ayuntamientos y la saturación de los servicios sociales, después de años de aplicación de políticas neoliberales que han priorizado la realización de obras públicas electoralistas y una privatización más o menos encubierta. El clásico recurso de buscar un chivo expiatorio en el eslabón más débil, además de falso e injusto, es la antesala del fascismo.
El PCE pide la retirada del proyecto anunciado por el Gobierno y llama a la movilización de los trabajadores y del conjunto de la población contra la extensión de la xenofobia y el racismo.
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