El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste estará aprobado a mediados del año 2010, una vez que ha superado ya su periodo de alegaciones, que están siendo estudiadas en la actualidad por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. La aprobación de este plan va a beneficiar a una población global de unos 120.000 habitantes en la comarca de la Costa Noroeste, CNO, y va a posibilitar además la ordenación de casi cincuenta kilómetros de costa.
Juan Espadas, en la última Comisión de Vivienda, ha explicado que el documento se encuentra “muy avanzado”, hasta el punto de que las primeras propuestas aprobadas por las comisiones de redacción, en las que, además de la Junta de Andalucía, están representados los ayuntamientos, han superado ya el periodo de alegaciones.
El POT de la Costa Noroeste abarca los términos de Rota, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena y plantea una mejora de las comunicaciones, tanto desde el punto de vista interno como con el sistema urbano de la Bahía de Cádiz-Jerez. Igualmente, recoge la creación de seis parques comarcales, con una superficie conjunta de 35,6 hectáreas, en todo el ámbito.
Además, en la CNO, Costa Noroeste, se recogen dos áreas de oportunidad, una de tipo residencial, para satisfacer la demanda de VPO, y otra productiva, para la implantación de empresas pertenecientes al sector agroalimentario y pesquero, además del ámbito logístico y de transporte.
ALEGACIONES DEL PP
Al respecto, el PP de Cádiz ya ha anunciado que presentará más de 70 alegaciones a este POT de la Costa Noroeste, y al de la Janda, dentro del trámite de información pública abierto por la Junta de Andalucía. El discurso popular se centra principalmente en la mejora de las infraestructuras viarias y férreas, la necesidad de adecuar los equipamientos y redes de abastecimiento y depuración de agua y en el desarrollo turístico de las zonas de actuación.
Asimismo, los populares cuestionan la influencia del POT en los PGOU locales. En este sentido, rechazan que a estos planes se le otorgue la potestad de establecer directrices vinculantes en los planeamientos municipales, “ya que ello representa una intromisión en el principio de Autonomía Municipal y crea una enorme inseguridad jurídica para los municipios afectados”.

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