CCOO anuncia la investigación judicial de los "premios" del Gobierno municipal a un ex liberado
La Fiscalía Anticorrupción investigará la gestión del Gobierno local por "la comisión de dos posibles delitos" relacionados con la situación laboral del ex presidente del comité de empresa del Ayuntamiento José Manuel Oliva, según ha comunicado CCOO. Se refiere al nombramiento de este ex sindicalista de CCOO como maestro de obras "por decreto, sin convocatoria pública, a dedo" y los pagos retributivos que recibió desde julio de 2011 hasta siete meses después "sin existir ninguna justificación de su asistencia al trabajo". La investigación ha sido planteada por el Ministerio Público, como consta en la sentencia del juicio celebrado en septiembre pasado por la demanda sobre vulneración del derecho al honor y la propia imagen presentada por Oliva contra el delegado sindical de CCOO del Consistorio, Manuel Romero Caro.
Esta demanda, motivada por sendas ruedas de prensa que dio Romero Caro en abril y mayo de 2013 para denunciar "prácticas escandalosas en el ámbito laboral del Ayuntamiento", fue finalmente desestimada, pero dará lugar a este otro procedimiento judicial, según ha difundido el sindicato en la última reunión ordinaria del Pleno municipal.
Fue el propio Romero Caro quien lo hizo público ante la Corporación local manifestando que "la fiscal pidió -en el citado juicio- que se investigue la corrupción de la gestión del Gobierno local, en concreto del actual alcalde y en aquel entonces concejal de Personal, Víctor Mora, y de su sucesora en el cargo y responsable de Infraestructuras, Milagrosa Gordillo". "En numerosas reuniones, CCOO y el Sindicato Independiente informamos a Víctor Mora de que eso no se podía hacer, de que era algo ilegal, injusto, aberrante", aseguró antes de acusar al Gobierno municipal de "estar premiando a algunos amigotes por hacer una labor antisindical". En este sentido, también citó los casos de los ex sindicalistas de CCOO Rafael Ávila y Francisco Quirós.
En su valoración de la sesión plenaria, IU afirmó que la intervención de Romero Caro "permitió conocer un capítulo más de la ya larga cadena de escándalos que implican al Gobierno local del PSOE de Víctor Mora y el CIS de Juan Marín". "En este caso resuelto a favor de Romero Caro, la fiscal y el juez ven indicios de delitos y quieren que intervenga la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento. Esto no lo dice IU, sino que lo dice ya un juez", afirmó la coalición izquierdista.
En palabras de este grupo político de la oposición, "los casos como los del Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Noroeste, Aqualia, los cursos fantasma de Ángel Ojeda, las escuelas de verano y el recién destapado por IU referente al certificado de empadronamiento ilegal que obtuvo una representante de las Corralas de la Dignidad son buenos ejemplos de toda una práctica de gobierno basada en la compra de voluntades, clientelismo y beneficio a amigos y compromisos políticos". De acuerdo con su versión, "los escándalos crecen y la actitud del alcalde de no dar explicaciones ni siquiera en el propio Pleno municipal es inadmisible".
Esta demanda, motivada por sendas ruedas de prensa que dio Romero Caro en abril y mayo de 2013 para denunciar "prácticas escandalosas en el ámbito laboral del Ayuntamiento", fue finalmente desestimada, pero dará lugar a este otro procedimiento judicial, según ha difundido el sindicato en la última reunión ordinaria del Pleno municipal.
Fue el propio Romero Caro quien lo hizo público ante la Corporación local manifestando que "la fiscal pidió -en el citado juicio- que se investigue la corrupción de la gestión del Gobierno local, en concreto del actual alcalde y en aquel entonces concejal de Personal, Víctor Mora, y de su sucesora en el cargo y responsable de Infraestructuras, Milagrosa Gordillo". "En numerosas reuniones, CCOO y el Sindicato Independiente informamos a Víctor Mora de que eso no se podía hacer, de que era algo ilegal, injusto, aberrante", aseguró antes de acusar al Gobierno municipal de "estar premiando a algunos amigotes por hacer una labor antisindical". En este sentido, también citó los casos de los ex sindicalistas de CCOO Rafael Ávila y Francisco Quirós.
En su valoración de la sesión plenaria, IU afirmó que la intervención de Romero Caro "permitió conocer un capítulo más de la ya larga cadena de escándalos que implican al Gobierno local del PSOE de Víctor Mora y el CIS de Juan Marín". "En este caso resuelto a favor de Romero Caro, la fiscal y el juez ven indicios de delitos y quieren que intervenga la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento. Esto no lo dice IU, sino que lo dice ya un juez", afirmó la coalición izquierdista.
En palabras de este grupo político de la oposición, "los casos como los del Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Noroeste, Aqualia, los cursos fantasma de Ángel Ojeda, las escuelas de verano y el recién destapado por IU referente al certificado de empadronamiento ilegal que obtuvo una representante de las Corralas de la Dignidad son buenos ejemplos de toda una práctica de gobierno basada en la compra de voluntades, clientelismo y beneficio a amigos y compromisos políticos". De acuerdo con su versión, "los escándalos crecen y la actitud del alcalde de no dar explicaciones ni siquiera en el propio Pleno municipal es inadmisible".
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