Los sanluqueños tendrán que pagar de su bolsillo los despilfarros que el gobierno Popular realizó sin contratos de adjudicación entre 2005 y 2007
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al Ayuntamiento de Sanlúcar a pagar la escandalosa cifra de 491 000 euros en relación a unas facturas correspondientes a la gestión de residuos por la empresa denunciante, Verinsur S.A., en el periodo de septiembre de 2005 a mayo de 2007, cuando en la ciudad gobernaba el Partido Popular.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el primer teniente de alcalde y edil de Ciudadanos, Juan Marín, quién además ha añadido que “este equipo de gobierno comenzó a revisar las condiciones de este servicio nada mas tomar posesión en julio de 2007 y detectamos facturas firmadas por D. Rafael Rubio, primer teniente de alcalde de la ciudad en aquellas fechas, bajo unas sospechosas circunstancias al no existir procedimiento de adjudicación a esta empresa ni a ninguna otra empresa, ni tan siquiera consignación presupuestaria para tal servicio, por lo que resolvimos que no era un pago legítimo y hemos luchado en los tribunales durante casi 5 años sin haber logrado nuestro objetivo, que los sanluqueños no pagasen estas facturas”.
Esto también queda patente en el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que reza que “queda probado que el Ayuntamiento al margen de toda legalidad, ausencia de procedimiento de contratación y de contrato, procedió a encargar los servicios de Verinsur S.A.”, encargos que se hicieron por decreto del mencionado edil Popular D. Rafael Rubio.
También resulta “sospechosamente llamativo” que, como ha referido Marín, “a partir de mayo de 2007, cuando entramos a gobernar el equipo de gobierno PSOE-CIS las facturas por los mismos servicios, prestados por la misma empresa hasta que pudimos disolver la relación con ésta, bajaron de más de 400 000 euros anuales a 120 000 euros”.
Además ha aclarado otro turbio episodio en el que Rubio, a 12 de abril de 2007 solicitaba a Verisur S.A. todas las facturas relacionadas con los trabajos supuestamente realizados y que estuvieran pendiente de pago, que estos últimos remitieron a tan sólo 20 días de las elecciones municipales, confirmando lo que el equipo de gobierno lleva denunciando desde que entró a gobernar en mayo de 2007 y que es una gran deuda heredada y lo que es peor, ilegítima.
El edil se ha mostrado muy indignado ante los hechos y aunque está en la obligación de comenzar a negociar con la empresa el pago de esta deuda, se ha comprometido a poner a todos los servicios jurídicos del ayuntamiento a trabajar para que los verdaderos responsables políticos de la misma sean quienes se hagan cargo y no seamos los sanluqueños con nuestros impuestos los que tengamos que pagar otra vez por algo que no va en beneficio de los intereses de la ciudad, sino de las decisiones de unos pocos”.
Marín ha finalizado su comparecencia exigiendo como representante público de los ciudadanos de Sanlúcar una explicación por parte del Partido Popular, así como “que asuman la responsabilidad que tienen todavía hoy ocho años después en sus actos políticos”, ya que como ha quedado demostrado con esta sentencia, 8 años después aún siguen los jueces reclamando deudas a este a ayuntamiento por lo que no es posible no hablar del pasado y de la herencia, como piden los representantes populares, cuando las consecuencias siguen azotando la realidad municipal”.
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