IU Sanlúcar, en múltiples ocasiones ha denunciado la utilización de los recursos y medios municipales con fines partidistas por parte del equipo de gobierno PSOE-CIS. Así como, igualmente, hemos denunciado el intento de beneficiar a asesores y personas allegadas al PSOE mediante contratos, que una vez denunciados por IU han tenido que ser anulados.
Recientemente hemos tenido información sobre un incidente que da muestra de hasta dónde puede llegar esta presunta utilización clientelar y discrecional de los recursos municipales.
El 17/09/2014, una representante de las Corralas, familias que están ocupando viviendas en la ciudad, solicita, previo pago de las tasas municipales pertinentes, a la Policía Local un certificado de empadronamiento en la vivienda que ocupa en la actualidad, por necesitarlo para poder escolarizar a sus hijos menores.
El 22/09/2014, el Inspector Accidental Jefe, Rafael Ávila García, firma el certificado de empadronamiento solicitado por la mencionada representante en un documento con el encabezamiento de “certificado de empadronamiento” con el membrete de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar, en donde certifica que la solicitante y sus dos hijos menores viven en la vivienda que ocupan.
El 21/10/2014, un mes más tarde, el mismo Rafael Ávila García firma y envía a la interesada un nuevo documento donde reconoce no tener potestad alguna para expedir dicho certificado de empadronamiento y en tono amenazante le informa a la solicitante de que todo uso indebido del certificado expedido en su día podrá considerarse fraudulento, lo que podría acarrearle consecuencias jurídicas. En realidad es Ávila el que puede sufrir consecuencias jurídicas por firmar algo que no es de su competencia.
Estos hechos son muy graves y por eso IU Sanlúcar se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que el Inspector Accidental-Jefe de la Policía Local firmara un certificado de empadronamiento, cuando de todos es sabido que es competencia exclusiva del Área de Población y Estadística?
Muy probablemente la respuesta a esta pregunta está en los testimonios recabados por IU Sanlúcar y declaraciones públicas de miembros de estas Corralas. Las compañeras de la Corralas dicen que el Alcalde, Víctor Mora, llamó a su portavoz desde la ventana de su despacho diciéndole que subiera. Según cuentan, el alcalde le dijo que pagara la tasa en ventanilla para solicitar un certificado de empadronamiento.
De ser cierto el contendido de los testimonios, cabe preguntarse ¿Por qué la solicitante dirigió la petición de certificado a la Policía Local y no al Área de Población, ya que dicha Área es la competente en todo lo concerniente a empadronamientos delegada por el propio alcalde?
Las demás familias ocupantes, al conocer que a su compañera se le había dado dicho certificado de empadronamiento solicitaron, previo pago de las tasas, un certificado de empadronamiento dirigido también a la Policía Local, que han sido denegados. Una docena de personas en representación del conjunto de las Corrales pidieron verse con el alcalde, sin conseguirlo. Más tarde fueron recibidas por las delegadas municipales Milagrosa Gordillo, Rocío Sumariva, y Ana Morillo, quienes ante la insistencia de las familias dijeron que no podían dar el certificado porque sencillamente era ilegal.
Cabe preguntarse ahora, ¿Qué intencionalidad hubo en facilitarle exclusivamente a la portavoz de las Corralas dicho certificado de empadronamiento si era ilegal?
El movimiento de las Corralas estaba siendo muy incómodo para el equipo de gobierno PSOE-CIS, que intentó derivar su responsabilidad a la Junta de Andalucía sin que tales intentos hayan tenido efecto. Por lo que presuntamente se ha utilizado de la manera más torticera y nauseabunda el estado de necesidad de personas que lo están pasando muy mal para eludir responsabilidades propias y dividir el movimiento ocupa. Hay que hacer recordar que un certificado como este, ahora anulado, además de servir para escolarizar a los hijos, puede servir para acceder a los cheques municipales de alimentos y para poder, igualmente, entrar en la bolsa de empleo de inclusión social.
Por eso también nos preguntamos ¿El Inspector Jefe de la Policía local firmó por iniciativa propia el certificado o presuntamente a requerimiento del propio alcalde, Víctor Mora? o ¿Responde todo a una supuesta orquestación premeditada entre ambos y de ahí que el alcalde pidiera a la solicitante que subiera a su despacho?
Este último término debe ser aclarado inmediatamente por el Inspector Accidental-Jefe, Rafael Ávila García. No nos vale el mero reconocimiento de un error, aunque éste sea muy grave teniendo en cuenta la responsabilidad que ostenta. En este punto, no puede obviarse que en la pasada legislatura, Rafael Ávila fue nombrado discrecionalmente por el entonces delegado de personal, Víctor Mora, para desempeñar el cargo de Inspector Jefe de manera accidental, en un procedimiento que despertó mucha polémica entre sus compañeros y en la opinión pública.
IU Sanlúcar exige al alcalde, Víctor Mora, ya que los hechos y los testimonios le señalan presuntamente, una aclaración de todo lo ocurrido, con las posibles depuraciones de responsabilidades de todo tipo. En cualquier caso, IU Sanlúcar, dada la gravedad de los hechos, no descarta poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción todo lo ocurrido.
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