Irene García denuncia que el Gobierno del PP ha consumado una injusta distribución de ayudas y que “no vacila en tomar al sector agrario como rehén en su estrategia de confrontación con la Junta de Andalucía”
El Grupo Socialista llevará al Pleno la Diputación de mañana miércoles una propuesta que busca el rechazo institucional a la reducción de fondos para Andalucía provenientes de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Irene García, portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, ha destacado que esa iniciativa “responde a nuestra enorme preocupación, compartida con las organizaciones agrarias, por los perjuicios del inexplicable descenso de la dotación económica para Andalucía, que en esta provincia se traducirá en unas pérdidas de unos 60 millones de euros”.
La portavoz y secretaria general ha recordado que ayer mismo la dirección provincial del PSOE mantuvo un encuentro de trabajo con las organizaciones agrarias y que en el mismo quedaron patentes los “devastadores efectos del sectario reparto de fondos decidido por el Gobierno de Rajoy hasta el horizonte de 2020. Un reparto del que Andalucía es la única comunidad que sale malparada tras una asignación de fondos a España que, según el propio Gobierno, colmaba las expectativas del Ministerio”. Por este motivo, la propuesta al Pleno incluye además la exigencia de una “inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para Andalucía, la comunidad autónoma con mayor superficie y un medio rural más importante de todo el país”.
“Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con un reparto que es una verdadera afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para su agricultura como nunca ha tenido desde que entramos en la Unión Europea”, ha dicho Irene García, quien ha incidido en que, a tenor de la distribución impuesta por el Gobierno de la Nación, la reforma de la PAC va a suponer que nuestra Comunidad Autónoma reciba 418 millones de euros menos que los percibidos entre los años 2007 y 2013. Los grandes números de ese “agravio” indican que “Andalucía perderá 160 millones de euros en pagos directos y 258 millones de euros más en el caso de los fondos de desarrollo rural, básicos para la creación de empresas en zonas rurales y elementos esenciales en la generación de empleo en comarcas especialmente deprimidas de nuestra comunidad”.
Los recortes a las ayudas directas “se han materializado sin tener en cuenta las peculiaridades de nuestro sector agrario ni las reclamaciones de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de todo ello, ha quedado excluido de las ayudas acopladas un cultivo esencial en nuestra comarca de la Sierra, como es el olivar en pendiente. Y otro tanto sucede con el trigo duro y la uva pasa, al tiempo que se ofrece un nivel muy bajo de apoyo al caprino y a los frutos de cáscara de secano”.
En lo que respecta a los fondos para desarrollo rural, Irene García ha señalado que “resulta completamente indignante que, mientras el volumen total con destino a toda España crece en 238 millones de euros, la aportación para Andalucía se reduzca en 211 millones, con lo que se consagra una pérdida del 10 por ciento respecto al anterior período. Andalucía, la única comunidad que ve reducida su aportación en este capítulo, ha pasado de percibir el 26,5 por ciento de los fondos europeos de desarrollo rural, como venía haciendo hasta ahora, para quedarse únicamente con el 23,7 por ciento”. A todo ello hay que añadir que, en virtud del acuerdo tomado en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural según el cual la cuota de cofinanciación que aporta el Ministerio a los programas de desarrollo rural se reducirá del 50 al 30 por ciento, se producirá una merma adicional de otros 47 millones de euros”.
“Nuestra Comunidad Autónoma ha sido la gran perjudicada del reparto de unos
fondos de la PAC que en general han respetado los intereses españoles.
Dicho de otro modo, esa pérdida de recursos no responde a una decisión de
Bruselas sino a un criterio adoptado desde el Gobierno de Mariano Rajoy,
en virtud de una intencionalidad política y sectaria que no vacila en tomar
al sector agrario como rehén en su estrategia de constante confrontación
con la Junta de Andalucía”, ha concluido Irene García.
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