El equipo de gobierno PSOE-CIS ya ha concesionado el ciclo integral del agua a favor de Aqualia mediante un contrato de por sí muy ventajoso para la empresa. Ahora lo que queda es que la alcaldesa y el concejal de infraestructura hagan cumplir estrictamente a Aqualia con lo estipulado en el pliego de condiciones. Deberían esforzarse en que la concesionaria ofreciese el servicio de calidad que los usuarios merecen y que se recoge en la documentación del proceso de licitación en vez de seguir haciéndoles presuntos favores que pagamos todos los sanluqueños.
¿La empresa ha trasladado a algunos de sus trabajadores a otras ciudades? El Ayuntamiento debe seguir controlando de una forma estrecha y eficaz la actuación de Aqualia. Necesitamos tener conocimiento de si se está cumpliendo el equilibrio económico que marca la concesión.
Aprovechando que en el informe técnico económico (ITE) debe ofrecer información sobre los costes y los beneficios del servicio público, este es un buen momento para pedir a Aqualia que ofrezca un estado contable de sus costes y sus beneficios. El ITE en el Ciclo Integral del Agua (Ord. 152 y 421) se limita a detallar obras y el texto de las modificaciones pero entendemos que también debe existir una cuantificación de costes e ingresos; ello permitiría a la corporación comparar esos datos ya reales de 2011 con las estimaciones que ofreció la concesionaria en el proceso de la concesión para asegurar la estabilidad, la viabilidad económica del servicio y también, en parte, la calidad del servicio. En ese documento se garantizaba el equilibrio económico de la concesión; queremos comprobar que se está cumpliendo.
Hace pocas semanas nosotros recibimos un informe técnico municipal al respecto de la depuración donde el Jefe de Infraestructuras reconoce que “casi” se cumplían los niveles legales de depuración. Todos sabemos que lo que lo se quiere decir con ese “casi” es que no se esta cumpliendo con los niveles mínimos legales de depuración de aguas residuales o, en el peor de los casos, que no se esta depurando. Si no se cumple con los niveles mínimos de depuración o no se está depurando, significa que los sanluqueños estamos pagando por un servicio que no estamos recibiendo.
Las obras encargadas a Aqualia de más de 2´7 millones de euros, deben ser revisadas e inspeccionadas por técnicos municipales para tener las garantías necesarias de que sirvan para mejorar el servicio prestado, en el sentido de eliminar olores y obtener una optima depuración de las aguas residuales.
El ayuntamiento nunca debe permitir que dichas obras, muy costosas para las arcas municipales, sirvan de excusas a Aqualia para que no se haga una depuración correcta de las aguas residuales antes de verterlas al mar. Hay que tener presente que Aqualia no es una ONG, que su objetivo es ganar el máximo de dinero para sus accionistas y si no se le controla suficientemente las consecuencias no serán buenas para las condiciones de vida de los sanluqueños.
El hecho imponible en la tasa de depuración no se está efectuando correctamente a los sanluqueños. Así se reconoce en el informe técnico que nos trasladó la Unidad de Infraestructuras hace algo más de un mes. No es justo que paguemos por un servicio de depuración y que Aqualia no lo realice de manera mínimamente correcta. Si la depuración no se está realizando correctamente, la consecuencia inmediata debe ser reducir la Tasa de Depuración a la mitad. Y, además, eso no debe afectar al Ayuntamiento ni a su Plan de Ajuste ya que son ingresos para la concesionaria.
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