Acciones del SAT

Javier Ramírez

Como todos y todas sabéis, las acciones reivindicativas con mayor calado mediático durante esta semana han sido, de nuevo, las protagonizadas por militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) el pasado martes 7 de Agosto en la gran superficie Carrefour de Arcos de la Frontera (Cádiz) y Mercadona de Écija (Sevilla), así como la ocupación y desalojo de la finca de Las Turquillas y, ahora, la Marcha de los jornaleros y el intento de ocupación de una sucursal bancaria.

El objetivo de tales acciones era denunciar las injustas reformas legislativas impuestas en los últimos años contra los sectores económicamente más débiles de la población, que ha supuesto que el 35% de las familias de las principales ciudades andaluzas vivan por debajo del umbral de la pobreza, que contemos con más de 1.250.000 desempleados/as , tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros en el paro y sin cobrar ningún tipo de percepción. Una situación humana , ética y jurídicamente insostenible, pues mientras amplios sectores de la población andaluza vemos con resignación e impotencia como cada día vamos perdiendo mucho de los derechos básicos conquistados durante años a través de la lucha obrera y la negociación colectiva,al mismo tiempo, somos testigos del creciente fortalecimiento, ostentación e impunidad de bancos, multinacionales, grandes holdings y poder económico que nunca sufrieron, ni sufriran esta crisis.

Las acciones de los militantes del SAT, han provocado exactamente lo que pretendían: crear un fuerte impacto mediático en la sociedad española, abrir un debate público en todos los medios y redes sociales del país sobre el constante incremento del número de personas que diariamente pasan hambre en nuestro país y los límites de la propiedad privada en situacíones de indigencia como la que estamos viviendo como consecuencia de una política fiscal y financiera, laboral y social nefasta que, durante años, solo ha favorecido la corrupción política, el despilfarro del dinero público, la especulación y enriquecimiento de la banca y de las grandes riqueza con impunidad y sin escrúpulos a costa del empobrecimiento y endeudamiento de los trabajadores y trabajadoras.

La reacción de muchos medios de comunicación y la clase política neoliberal no se ha hecho esperar, atónita ante los efectos desestabilizadores que estos movimientos obreros pueden causar en el sistema, ese que le garantiza su sustento y sus privilegios. Los medios de comunicación de todo signo están criminalizando de forma salvaje al SAT y especialmente, a Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de Marinaleda y parlamentario de IU-Andalucía, que participó en la acción de Mercadona. El Gobierno del PP ha desplegado toda su batería represiva, deteniendo a los miembros del SAT que participaron en la acción y anunciando futuros arrestos y multas contra el SAT, y reprobaciones parlamentarias y medidas penales contra Sánchez Gordillo. En este sentido, la propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, hacía pública el pasado jueves 16 de Agosto unas declaraciones en las que calificaba estos actos como "un robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres.Y sin embargo no se pronuncian jamás en contra de los verdaderos artífices de la estafa que supone esta crisis financiera que, entre otras cosas está desviando fondos públicos para avalar deudas privadas.

Buscando la definición de "robo" en la Enciclopedia libre Wikipedia encontramos: "El robo, es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento".

¿Podemos calificar como "robo" o "hurto", las acciones reivindicativas, no-violentas y simbólicas de los militantes del SAT en demanda de un inaplazable debate ciudadano para buscar soluciones justas, socialmente éticas ante los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas andaluces que viven en una situación económica insostenible?

¿Podemos considerar un "robo/hurto", unas acciones que, sin ánimo de lucro, tan solo ha pretendido proveer de la alimentos de primera necesidad a familias andaluzas que pasan los días sin ningún recurso viviendo bajo el umbral de la pobreza cuando el sistema es incapaz de dar respuesta a estas situaciones de extrema urgencia?

¿ Podemos calificar de "robo/hurto" unos hechos que tratan de despertar la conciencia ciudadana y denunciar la dejación y complicidad de los gobernantes por el incumplimiento de responsabilidades institucionales, negando reiteradamente derechos sociales actualmente reconocidos en el Estatuto Andaluz, la Constitución Española e incluso la propia Declaración Universal de Derechos Humanos?   Javier Ramírez (Ustea-Cádiz)