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5 sept. 2015

Las plataformas de defensa del agua pública de la provincia, instan a las formaciones políticas a sumarse al pacto social que ellas promueven



La sociedad civil organizada en torno a la defensa del Derecho Humano al  Agua y a la gestión de la misma de forma estrictamente pública, pide una profunda reflexión, coherencia y compromiso con este sector ciudadano, en el seno de los partidos políticos de la provincia de Cádiz.



La #Iniciativagua2015, como herramienta de garantía de un proceso justo, sostenible, participativo y social para la gestión del agua urbana, es el fruto de un arduo consenso de más de trescientos grupos ciudadanos activos de toda España, vinculados a la defensa del Agua Pública. Es la hoja de ruta que ha servido en cada rincón del país, para hacer llevar esta protección del Derecho Humano al Agua, a todos los plenos municipales.



En el caso de la provincia fue una decisión tomada este pasado junio en la ciudad de Barbate y al igual que en el resto del estado, se ha comenzado a tramitar en cada Pleno Municipal, con el objetivo de blindar y democratizar este derecho ciudadano.



En la provincia de Cádiz, la sociedad civil demandando este proceso, ha aumentado considerablemente. Prácticamente esta demanda tiene organización de alguna manera en casi los cuarenta y cuatro pueblos gaditanos. De hecho, esta supra organización prepara un encuentro para este mes de octubre donde arrancará la primera Marea Azul Provincial de España.



Antes de las elecciones municipales pasadas, este Pacto Social Del Agua Pública, fue promulgado por las plataformas andaluzas y de nuestra provincia, consiguiendo el compromiso con este pacto social, de la mayoría de los partidos, incluyendo al PSOE, a nivel de cargos representantes sectoriales como de  muchas formaciones locales de nuestra provincia. Por citar, el caso de Jerez o El Puerto de Santa María, en donde además, estos políticos comprometidos, siguen trabajando en la misma línea acordada con el movimiento ciudadano defensor del Agua Pública.



Nos mostramos decepcionados por la actuación de los portavoces municipales socialistas en el pasado pleno celebrado en Cádiz, donde supuestamente se despreció el pacto, argumentando cuestiones y datos erróneos y sobre todo intentando poner en entredicho la honestidad y el más que demostrado “buen hacer” de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamientos (AEOPAS).



Durante muchos años muchos ayuntamientos de la provincia han sido representados ante las administraciones públicas y organismos internacionales por asociaciones controladas por empresas privadas y donde se defienden los procesos de privatización, el tratamiento mercantil del agua y los cortes de este suministro vital a las familias sin recursos (“cobrándose los gastos ocasionados por la realización del corte y su restablecimiento”). Los resultados son que España está a la vanguardia de los procesos de privatización del agua en Europa (donde la tendencia es la desprivatización del servicio), que dicha privatización se realiza sin una regulación adecuada y con leyes que permiten que las empresas privadas de enriquezcan gracias a unos ciudadanos cautivos.



Este saqueo también ha propiciado que en nuestro país, tal como demuestra el sumario del caso Pokemon, hayan mecanismos de corrupción en los procesos de privatización de este monopolio natural. De hecho, tal como recoge recientemente el diario EL PAIS (31 JUL 2015) la juez del caso considerase a la empresa privada concesionaria “como una verdadera asociación ilícita", cuyas supuestas maniobras afectarían "a la seguridad del tráfico mercantil" y supondrían una "grave repercusión en la economía nacional", ya que lo que está en juego es el dinero público. Para la juez "supone un engaño la simulación de transparencia en la adjudicación de contratos, cuando en realidad hay un concierto que predetermina la decisión final en consideración a una dádiva". "En numerosas ocasiones", explica  la Jueza, "sus responsables, siguiendo lo que parece constituir una política empresarial absolutamente jerarquizada, para lograr adjudicaciones realizarían presuntamente sobornos en sus distintas modalidades"  http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438341093_688864.html.



 A diferencia de este lobby AEOPAS nació como una asociación operadores únicamente públicos. Una asociación que como el modelo se tenía que abrir a la sociedad (de ahí que incorpore a asociaciones dentro de su seno) y que difundiera un modelo de gestión del agua como bien común y  como un derecho humano.



En este sentido las Plataformas ciudadanas de la provincia de Cádiz consideramos a AEOPAS como una herramienta importante para crear el nuevo de modelo de gestión del futuro. Un modelo, transparente y participado. Por eso defendemos la incorporación de nuestros ayuntamientos (y empresas públicas de gestión de agua) a dicha organización.





No bastante, debemos señalar que los impulsores del Pacto Social por el Agua Pública somos las plataformas ciudadanas y que toda la información sobre la misma la pueden encontrar en:




En este sentido hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender el Pacto Social del Agua. Que se informen bien, que pregunten a nuestras organizaciones y a los suyos ya conectados a la noble causa de la lucha del agua como bien común; que hagan una profunda reflexión y un alarde leal de coherencia y seriedad, por el bien de la buena relación que nos une y por el altísimo interés de nuestra sociedad civil.



En la provincia de Cádiz, a tres de septiembre de 2015



•       Plataforma en defensa de los derechos del agua “Agua Clara” de    Sanlúcar de Barrameda.

•       Plataforma Recuperación Agua Pública Benalup-Casas Viejas.

•       Plataforma Ciudadana por el Agua Pública en Barbate.

•       Plataforma Apemsa no se vende, del Puerto de Santa María.

•       Coordinadora del Agua de Jerez.

•       Grupos provisionales de los pueblos de la provincia, por la organización de la Marea Azul de Cádiz.

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