La nueva estrategia, con 3.864 millones hasta 2015, incluye una oferta integrada y adaptada a las necesidades del sistema productivo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015 que, con una inversión de 3.864 millones de euros, incluye una oferta formativa de calidad, flexible e integrada para adaptarla a las necesidades del actual sistema productivo. El documento, rubricado por las consejerías de Educación y Empleo con el consenso de los agentes sociales y económicos, persigue elevar la empleabilidad de la población activa andaluza, mejorar la competitividad del tejido empresarial, promover el espíritu emprendedor y potenciar la implantación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en la comunidad andaluza.
El plan fija siete objetivos y 86 medidas dirigidas a los 3,9 millones de personas que conforman la población activa andaluza (desempleados y trabajadores en activo a los que se destina la formación para el empleo) y a los 1,8 millones de jóvenes de entre 16 y 24 años que pueden acceder a la formación profesional inicial o reglada.
Entre las líneas más importantes de esta iniciativa, respaldada por el Consejo Andaluz de Formación Profesional y en consonancia con el VII Acuerdo de Concertación Social, se fija la acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y la implantación de los certificados de profesionalidad.
El primer objetivo, con 2.870 millones de euros, se centra en potenciar la calidad formativa, la igualdad de oportunidades, la flexibilidad y la mejora de la empleabilidad de la población. Para ello, se proporcionará una oferta adaptada a los sectores productivos más demandados, según los estudios realizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de su Sistema Argos de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo.
Estas necesidades marcarán la planificación de la Formación Profesional Inicial y para el Empleo, la distribución del programa de Escuelas Taller, la convocatoria de cursos para desempleados y el diseño de módulos profesio-nales que permitan la convalidación de títulos entre los sistemas formativos vigentes.
Asimismo, se prevé el impulso a la igualdad de oportunidades con la consolidación de los actuales sistemas de incentivos, como el programa Beca 6000, y ayudas orientadas específicamente a colectivos en riesgo de exclusión social. También recoge el compromiso de potenciar la red pública de forma-ción, diversificando la oferta de ciclos de FP de Grado Medio y Superior, de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y de las acciones de la Formación Profesional para el Empleo.
El segundo objetivo establece la vinculación de la oferta formativa al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el impulso de las acredi-taciones que reconocen las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral cuando se carece de titulación. En este sentido, se estima que doce mil andaluces obtendrán este mes certificados de profesionalidad en distintas materias. El plan recoge, asimismo, la creación de un Registro Andaluz de Certificados de Profesionalidad, el diseño de programas de cualificación profesional inicial para favorecer la inserción laboral, educativa y social de mayores de 16 años que no han obtenido el Graduado de Secundaria y la elaboración de un mapa de cualificaciones.
La integración de toda la oferta de FP mediante la coordinación de las políticas formativas y las activas de empleo, es el eje del tercer objetivo. Para ello se prevé el desarrollo de una red pública de centros integrados con una oferta unificada de este tipo de enseñanza, el reforzamiento del Consejo Andaluz de Formación Profesional y del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales y el establecimiento de mecanismos de convalidación de los títulos obtenidos mediante certificados de profesionalidad.
Itinerarios personalizados
Como cuarto objetivo del plan, la Junta fomentará el aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral con el desarrollo de un Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional en Andalucía que permitirá la realiza-ción de itinerarios personalizados de inserción una vez detectadas las necesi-dades formativas de cada desempleado.
El quinto objetivo es extender la sociedad del conocimiento y elevar el nivel formativo de la población andaluza, así como reducir la falta de personal técnico en ciertas profesiones. Para ello se reforzarán las campañas de sensibilización en los ámbitos familiar y docente y se potenciarán los mecanismos de reincorporación de los adultos o personas de baja cualificación que abandonaron sus estudios y están en el paro. El aumento de la oferta semipresencial o a distancia, con iniciativas como la creación de un aula virtual en el SAE y la extensión de los programas de bilingüismo en la FP son algunas de las medidas que completan este apartado, junto a la potencia-ción de las prácticas profesionales y los programas de movilidad trasnacional.
Promover el espíritu emprendedor en la FP es otro de los fines del II Plan. Para ello, se reforzarán los módulos transversales dedicados a esta materia, se desarrollarán materiales y herramientas que simulen entornos de trabajo para su aplicación en las aulas y se incentivará la puesta en marcha de ideas empresariales de alumnos.
El documento concluye con un séptimo objetivo consistente en el esta-blecimiento de medidas de seguimiento y evaluación, la implantación de sistemas de gestión de la calidad en los centros y el impulso de proyectos de investigación. También se incluyen planes de formación anuales para el profesorado.
Más de 203.000 andaluces se están beneficiando a lo largo de este cur-so de las distintas actuaciones de Formación Profesional, tanto Inicial (104.525) como para el Empleo (98.621).
Políticas de empleo
Junto con la aprobación del II Plan de Formación Profesional, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre las políticas de su departamento en la presente legislatura. En el capítulo de acciones formativas, las medidas desarrolladas han beneficiado en este periodo a cerca de 830.000 personas, a través de 44.100 cursos que han supuesto una inversión de 1.200 millones de euros.
Las políticas de formación para el empleo han permitido, asimismo, la creación de 409 empresas por parte de alumnos de la red de Consorcios-Escuela de la Junta. Estos centros formativos, en los que se han invertido más de 58 millones desde 2008, tienen unas cifras de inserción laboral media del 80%. A estas medidas se añaden los planes especiales iniciados este año por la Consejería de Empleo para los colectivos que tradicionalmente tienen más dificultades de inserción laboral: el ‘Motiva’, orientado a los jóvenes menores de 30 años, y el ‘45 Plus’, para los mayores de esta edad.
El Programa Motiva beneficiará a unos 150.000 jóvenes, con una inver-sión cercana a los 381 millones de euros hasta el 2012. Esta iniciativa favorece la adquisición de competencias laborales e introduce acciones específicas de apoyo al inicio y desarrollo de negocios. Por ello, se reserva para el colectivo juvenil un cupo del 50% de las contrataciones que se realicen dentro de los proyectos de Interés General y Social, y del 60% de las correspondientes al programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.
Respecto al Programa 45 Plus, con una dotación de 104 millones, se es-tima que beneficiará durante este año y el próximo a 65.000 personas me-diante su reciclaje formativo desde los sectores tradicionales a otros con mayor demanda y proyección. El Plan realiza una reserva del 50% de los contratos que se realicen en los proyectos de Interés General y Social, y del 40% de los incentivos que aprueba anualmente la Junta en materia de contra-tación estable. Asimismo, este colectivo cuenta con una reserva del 30% de las ayudas al trabajo autónomo y al fomento de nuevos yacimientos de empleo.
Planes contra la crisis
Con anterioridad, la Junta ha desarrollado planes especiales de empleo para atender a sectores específicos de la economía andaluza y paliar así las consecuencias laborales derivadas de la actual crisis económica. En concreto el Plan Memta, con más de 86 millones desde su inicio en 2008, ha beneficia-do a 185.000 desempleados andaluces.
Por su parte, el Plan Proteja ha contado, desde su aprobación en 2009, con una inversión de 585 millones en proyectos de obras y servicio, de los cuales 80 se han destinado a planes de formación. Las dos ediciones del Proteja han posibilitado la realización de más de 4.200 proyectos y la creación y mantenimiento de aproximadamente 33.600 puestos de trabajo en los 771 municipios andaluces.
Los centros especiales de empleo cumplen un papel especialmente im-portante en la inserción de personas con algún tipo de discapacidad. En la presente legislatura el apoyo de la Junta para el acceso al trabajo de este colectivo se ha concretado en una inversión de 414 millones de euros, que ha posibilitado la creación y el mantenimiento de 39.582 puestos. La integración de personas inmigrantes y la sensibilización social en torno a este colectivo es otro de los ejes sobre los que ha versado la política de la Consejería de Empleo durante la presente legislatura, con más de 2.200 proyectos de integración y 288 campañas de difusión.
La agilización y modernización en la atención al ciudadano ha sido una de las prioridades del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante esta legislatura en la que se han ofertado más de 700.000 puestos de trabajo. Mediante el sistema de cita previa a través del teléfono o de internet se han gestionado más de 2 millones de consultas, evitándose así colas innecesarias en las oficinas del SAE. Además, de la red de 190 oficinas existente, 125 de ellas cuentan con zona TIC que permite realizar hasta nueve gestiones distintas a través de la red. Por su parte, la Oficina Virtual del SAE, con un millón de visitas al mes y presencia activa en redes sociales, ha difundido 8.300 ofertas para 23.388 empleos.
Igualmente se ha incidido en la personalización del trato al desemplea-do, tratando cada caso de forma particular gracias a los Itinerarios Personali-zados de Inserción, de los que se han realizado más de 1,2 millones en esta legislatura a través de las 252 unidades adscritas al programa Andalucía Orienta. Esta iniciativa ha atendido entre otros colectivos a 20.363 parados de larga duración y a 24.759 inmigrantes, y tutelado 31.982 proyectos empresa-riales.
Apoyo a emprendedores
El apoyo a emprendedores, uno de los ejes fundamentales de la acción de la Consejería, se ha traducido en la aprobación de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, un colectivo que, en los cuatro años, se ha beneficiado de un paquete de 150 millones en incentivos. En las próximas semanas la Junta pondrá en marcha un nuevo fondo de crédito de 25 millones para los trabajadores por cuenta propia. La ley fija ayudas de entre 4.000 y 11.000 euros, con atención preferente a proyectos en áreas territoriales desfavorecidas, vinculados a la economía sostenible o promovidos por colectivos con necesidades especiales.
La norma afecta a casi medio millón de andaluces que representan el 17% del PIB regional y que, junto con las pymes, absorben el 80% del empleo. El colectivo de trabajadores autónomos se ha incrementado un 18% en Andalucía durante los últimos diez años frente al 5,6% del conjunto nacional.
En cuanto a las políticas para la prevención de riesgos laborales, la puesta en marcha en 2010 de la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad Laboral ha permitido hasta el momento la reducción de un 33% en los índices de siniestralidad en el trabajo. Además, durante los últimos cuatro años se han concedido más de 3.000 ayudas a empresas para la mejora de los siste-mas de vigilancia, seguridad y salud laboral.
También destaca la acción desarrollada por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), un órgano de mediación y concilia-ción que ha intervenido en casi 1.500 conflictos laborales, ha facilitado la conciliación laboral de 257.000 trabajadores y ha evitado 7 millones de horas de huelgas en Andalucía.
En cuanto a la lucha contra la economía irregular, la Inspección de Tra-bajo, dependiente del Gobierno central y coordinada por la Consejería de Empleo, ha logrado que durante la actual legislatura, como consecuencia de más de 400.000 actuaciones, se hayan producido 45.000 nuevas altas en la Seguridad Social y abierto 71.600 actas de infracción.
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