La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO de Andalucía) comenzará a partir de septiembre una campaña de respuesta jurídica a las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley, por el que se establecen medidas extraordinarias de reducción del déficit público, y en el Decreto-Ley 2/2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, que afectarán a más de 95.000 trabadores y trabajadoras del ámbito sanitario
El sindicato va a emprender en septiembre nuevas acciones judiciales de tipo colectivo y de carácter individual contra los recortes salariales y sociales de los empleados y empleadas de la sanidad publica andaluza.
La respuesta jurídica de esta organización sindical a las medidas del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, y del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, afectará a más de 95.000 trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de las empresas públicas y fundaciones, de las fundaciones de investigación y del Personal en Formación (MIR, EIR, etc.).
La FSS-CCOO de Andalucía está estudiando también otras fórmulas para que órganos y organizaciones con capacidad legal puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad. (...)
"Ante la falta de negociación por parte del Gobierno, consumada con un ‘decretazo’ recortando derechos, esperamos que la vía judicial nos de la razón ante este atropello inédito hasta hoy", mantiene el secretario general de la FSS-CCOO de Andalucía, Manuel Pérez.
Esta serie de acciones judiciales se suman a las ya adoptadas desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-Andalucía), que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, y desde el Área Pública de CCOO (integrada por las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad) que ha presentado ante el Tribunal Supremo otro recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno.
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